Vidas Arrasadas
La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos
Abajo encontrarán la introducción del excelente informe sobre derechos humanos y salud mental en Argentina preparado por el Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Al respecto, recomiendo ver la nota del ex Ministro de Salud, el Dr. Gines Gonzalez García en el Diario La Nación en la que responsabiliza a los jueces por esta situación: "La autoridad sanitaria -el equipo de salud que recibe, trata y contiene a los pacientes- debe recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones pero habitualmente reticente a autorizar altas dispuestas por los profesionales actuantes. Sobre todo cuando más del 80% de las personas internadas en manicomios están en esa condición por orden judicial. Para revertir ese escenario, abrimos una instancia de diálogo con muchos magistrados que muestran preocupación por la judicialización de los pacientes.."
A ese artículo respondió el Dr. Recondo, Presidente de la Asociación de Magistrados" en ese mismo diaro: "El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, publicó un artículo en LA NACION con el título de "Salud mental: recuperar el tiempo perdido". Contiene una serie de inexactitudes que entiendo necesario aclarar. González García sostiene que la autoridad sanitaria debe "recuperar autonomía frente a las excesivas facultades que hoy detenta el Poder Judicial, demasiado propenso a ordenar internaciones, pero habitualmente reticente a autorizar altas". Con esa frase, el responsable de velar por la salud de todos los argentinos parece ignorar que si bien hoy en la Argentina existe un plexo normativo que sólo le da legitimidad a un juez para disponer la internación forzosa o involuntaria de un paciente, haya tenido o no conductas delictivas, esa decisión es tomada sobre la base de informes periciales que elaboran los expertos (psiquiatras y psicólogos). Y una situación similar se produce cuando se trata de las altas. No puede ser sino un juez quien, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional y los artículos 34 y 482 del Código Civil, restrinja, en una situación excepcional, la libertad de una persona. Esa norma es de más rigurosa aplicación cuando la causa invocada para la detención es el padecimiento mental de las personas. Esta tendencia histórica fue reforzada por las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Declaración de Caracas (1990) y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)." Nota completa en: http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=965863
Del Resumen Ejecutivo del Informe de MDRI y CELS...
Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos documenta violaciones a los derechos humanos perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas que están detenidas4 en las instituciones psiquiátricas argentinas. Más de un 80 por ciento de estas personas son encerradas durante más de un año, y muchas lo son de por vida. Dos tercios de las camas psiquiátricas pertenecen al sistema público. A pesar de que en muchas partes del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75 por ciento de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran detenidas en instalaciones de 1000 camas o más.
Este informe registra graves hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas, y documenta, incluso, casos de personas que han muerto incineradas en celdas de aislamiento, exposición a privación sensorial5 mediante el aislamiento por un largo período de tiempo y actos de violencia física y sexual. El informe también detalla condiciones de vida peligrosas e insalubres, tales como la falta de agua en los baños, ausencia de cloacas, amenazas a la seguridad y riesgos de incendio en las instituciones. La vasta mayoría de las personas detenidas en las instituciones psiquiátricas argentinas deben sobrevivir en condiciones de casi total inacción y sin posibilidad de pensarse a futuro por fuera de la institución.
La institucionalización a gran escala y los abusos que la acompañan se deben, en gran medida, a décadas de una politica de invertir en grandes instituciones que segregan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo en las comunidades.
La segregación de las personas en las instituciones psiquiátricas
Hace muy poco tiempo estuve en Open Door, en la Colonia Cabred. Allí, hablando con su Director, me dijo acá hay alrededor de 1.064, o una cifra parecida, [de] internos. Me dijo, más o menos 750 están por pobres; es decir, están porque hace mucho que están y están porque nadie los va a buscar, y están porque no tienen adónde ir si salen. Se suma todo: el tiempo que llevan, la soledad, el acostumbramiento a esa soledad o a esa forma de vida y el no tener parientes interesados en ellos. Es decir que no son locos, son pobres y solos; que es una buena manera de volverse locos.
- Felipe Solá, Gobernador de la provincia de Buenos Aires
La segregación efectiva de las personas en las instituciones psiquiátricas argentines contribuye a incrementar su discapacidad y viola los estándares internacionales de derechos humanos. Al ser separadas de la sociedad, las personas pierden los lazos que las unen a su familia, amigos y comunidades de referencia. Las personas quedan sometidas al régimen custodial de las instituciones psiquiátricas, y pierden las habilidades de vida esenciales que necesitan para sobrevivir en la comunidad, lo que impide su rehabilitación.
La segregación a gran escala de la que son objeto las personas institucionalizadas en el sistema de salud mental argentino es injustifi cada, dada la riqueza de profesionales de salud mental capacitados de los que dispone y la existencia de programas alternativos centrados en la comunidad en varias regiones del país. Argentina es uno de los países con más psiquiatras y psicólogos per capita del mundo. Amplios sectores de la población urbana argentina fi nancian individualmente su psicoterapia durante un largo período de tiempo. Sin embargo, esta riqueza de recursos no se traduce en políticas generales conducentes. Las personas con discapacidades mentales que carecen de los fondos para pagar estos servicios se ven forzadas a recibir atención en un sistema público de salud mental que, frecuentemente, es inadecuado, las segrega de la sociedad y viola sus derechos humanos fundamentales.
El desarrollo de estrategias innovadoras de atención para la salud mental —tales como el subsidio económico para la vivienda, rehabilitación psicosocial, y apoyo de los pares— ha probado que la gran mayoría de las personas con discapacidades mentales puede vivir y prosperar en la comunidad. No obstante, en Argentina estos servicios alternatives prácticamente no existen (aunque en este informe se presentan algunas excepciones a esta observación general, desarrolladas en las provincias de Río Negro, San Luis y Buenos Aires). Muchas de las personas con discapacidades mentales que carecen de recursos personales o de una familia que pueda fi nanciar una atención privada, no tienen otra opción que las instituciones asilares. El alto grado de hospitalización a largo plazo en grandes instituciones consume los recursos públicos que, en su lugar, deberían ser usados para desarrollar servicios integrados a la comunidad. Si bien existen algunos programas de atención comunitarios que demuestran que la Argentina dispone de los recursos técnicos necesarios para reformar los servicios e integrar a las personas con discapacidades mentales en la comunidad, lo cierto es que, teniendo en cuenta las entrevistas a funcionarios y profesionales así como el análisis de las políticas en salud mental efectivamente implementadas, las organizaciones fi rmantes pueden concluir que aún no existe una política general conducente a la integración comunitaria de las personas con discapacidades mentales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las tres instituciones psiquiátricas más grandes absorben el 80 por ciento del presupuesto de salud mental.
Para ver el documento completo:
http://www.mdri.org/projects/americas/Argentina/MDRI.ARG.SPAN.NEW.pdf
También en la página del CELS, pero creo que hay un error en el link.
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