Artículo publicado en el Diario Clarín el 26.04.08
Por Roberto Saba
Director de la Asociación por los Derechos Civiles
El miércoles, en un evento sin precedentes, más de cien personas, entre las cuales había periodistas, activistas de derechos, estudiantes y ciudadanos en general, fueron testigos del proceso por medio del cual la Corte Suprema interpreta la Constitución Nacional y define el alcance de nuestros derechos. Esto nunca había sido posible hasta que la Corte decidió que algunos casos en los que está en juego el interés público fueran debatidos transparente y participativamente.
La Constitución es, en gran parte, lo que nuestra Corte Suprema dice que es. Allí se definen cuáles son y hasta donde llegan nuestras libertades y las facultades del gobierno. Cuando la Corte decide si se violó o no un derecho en el contexto de un caso concreto, por ejemplo, el de libertad de expresión, no sólo está tomando una decisión relevante para las partes. Esa decisión nos alcanza a todos en la medida en que el derecho a la libertad de expresión de cada uno de nosotros se define en esa decisión aparentemente ajena. Por eso, el debate que se da dentro del proceso judicial es en verdad un proceso que atañe a toda la sociedad.
Hasta ahora, ese mecanismo fundamental de definición del alcance de nuestras libertades y derechos constitucionales, salvo algunas pocas excepciones, se daba dentro de los límites cerrados y opacos del Palacio de Justicia y sólo participaban de él, mediante un proceso escrito, las partes del pleito.
El miércoles la Corte Suprema convocó por primera vez en su historia de casi siglo y medio a una audiencia pública sin restricciones de acceso, donde los Magistrados se trabaron en un diálogo abierto, franco, transparente y público con las partes y los "amigos del tribunal" en la búsqueda colectiva de la mejor interpretación constitucional en un caso que definirá aspectos cruciales del derecho a la libertad de expresión de todos nosotros. La Corte así inició una nueva práctica más transparente y participativa para tomar decisiones constitucionales. Es mucho aún lo que resta hacer para mejorarla, pero sin duda el Tribunal dio un paso histórico que contribuye a la reconstrucción de la legitimidad de nuestra Justicia.
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